Capitulo 2:

La Corte Suprema Desata su Venganza contra la Administración del Presidente Uribe

La historia del proceso judicial en contra de Andrés F. Arias comienza con el fuerte enfrentamiento que se desató entre el Presidente Uribe y la entonces cuestionada (por narcotráfico, politización y corrupción) Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Corría el año 2006 y Uribe acababa de ser reelegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ese año. Es decir, un triunfo electoral aplastante, producto del enorme apoyo popular que Uribe arrastraba. Apoyo apenas natural tras haber logrado, durante su primer mandato y gracias a la política de Seguridad Democrática, que Colombia dejara de ser un Estado virtualmente fallido, en bancarrota e inclinado ante el narcoterrorismo, para transformarlo en un país seguro, caracterizado por una economía próspera, por excepcionales niveles de inversión, por una clase media vigorosa y creciente, por tasas de desempleo a la baja y por índices de pobreza y desigualdad cayendo como nunca antes[9].

Pues bien, después de la reelección de Uribe de Mayo de 2006 ocurrieron dos sucesos que cambiaron drásticamente la dinámica de la política en Colombia:

  • En Septiembre de 2006, el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Yesid Ramírez Bastidas acusó al Presidente Uribe de favorecer una reforma constitucional que le confería ciertos poderes a la Corte Constitucional, en detrimento de la Corte Suprema, como devolución de favores a aquel tribunal tras haber fallado favorablemente la enmienda constitucional que permitió la reelección del propio Uribe; en su acusación el Magistrado Ramírez describió a Uribe como alguien a favor de la tiranía, del absolutismo, del despotismo y la monarquía, y se refirió a él de manera sarcástica como el Príncipe[10].
  • La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de un número significativo de miembros del Congreso (pertenecientes a todos los partidos) acusándolos de haber recibido apoyo de grupos paramilitares[11]. Uno de los capturados fue un Senador que era, a su vez, primo del Presidente Uribe[12].

Fue en este contexto que se dio un choque sin precedentes entre las tres ramas del poder público en Colombia, pero especialmente entre el Ejecutivo en cabeza de Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Choque que fue exacerbado por la decisión gubernamental de denunciar públicamente las bien documentadas relaciones entre varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ciertos individuos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero[13].

Como era de esperarse, el gobierno del Presidente Uribe se ganó la enemistad profunda de un número significativo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente después de que el Congreso abriera una investigación criminal formal contra dos magistrados cuyos vínculos con aquellos individuos señalados de tráfico de drogas y lavado de dinero eran muy claros. Uno de estos dos magistrados era Yesid Ramírez, el mismo magistrado que había acusado inicialmente al Presidente Uribe de intercambiar favores con la Corte Constitucional en favor de su reelección[14].

Como resultado del odio suscitado desde la Corte Suprema de Justicia en contra del gobierno de Uribe:

  • En 2008 el nuevo Presidente de la Corte Suprema, Magistrado Julio César Valencia Copete, acusó al Primer Mandatario de haberlo llamado en Septiembre de 2007 para interceder por su primo Senador[15], cuando la verdad es que Uribe lo había llamado para protestar por una información que había recibido sobre unos falsos testigos que los investigadores de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estaban tratando de manipular en contra del propio Presidente de la República[16]. En consecuencia, el Presidente Uribe demandó por calumnia e injuria al Presidente de la Suprema Corte[17].

  • En 2009 la Corte Suprema acusó a las agencias de inteligencia de la Administración Uribe de haber intervenido las líneas telefónicas de varios de sus magistrados[18]. Se abrió un caso penal y varios de los Magistrados de la Corte Suprema terminaron siendo reconocidos como víctimas del gobierno[19]. Uribe ha denunciado y probado una y otra vez que la víctima real de esas intervenciones telefónicas ilegales fue él[20]
  • La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia empezó a emitir fallos que socavaban la efectividad de la política de extradición del gobierno Uribe hacia los Estados Unidos. Tanto así, que en 2009 la administración de Uribe le ofreció a los Estados Unidos la negociación de un Tratado de Extradición que pudiera ponerse en vigencia, de tal manera que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia no pudieran seguir obstruyendo los esfuerzos del gobierno en materia de extradición[21].
  • Entre 2009 y 2010 la Corte Suprema de Justicia bloqueó sistemáticamente todos los nominados/ternados por el Presidente Uribe para el cargo de Fiscal General de la Nación[22], consumando con ello una estrategia inconstitucional pero exitosa que terminó alterando el sistema de pesos y contra pesos institucionales en Colombia.

Sin lugar a dudas, la animadversión y el odio de la Corte Suprema de Justicia en contra de Uribe y su administración fue de tamaño descomunal[23]. Para 2010 era claro para todo el mundo que Colombia tenía una Corte Suprema de Justicia totalmente politizada y dispuesta a dar vía libre a su deseo de venganza en contra del Presidente Uribe y su administración; una Corte que no se sonrojaba así tuviera que operar como un partido político de oposición, dispuesta a hacer cualquier cosa para aniquilar a Uribe y sus más cercanos funcionarios.

Esto era tan evidente, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos así lo reportó a través de su misión diplomática en Colombia[24].

Después de que Juan Manuel Santos se posesionó como Presidente, y aunque previamente había manifestado que él no iba a alterar la lista de ternados por Uribe para el cargo de Fiscal General de la Nación[25], terminó desafiando la ley y cambiando la terna de Uribe. Esto en menos de tres meses después de haber asumido la Presidencia[26]. Naturalmente, la Corte Suprema no tardó en elegir el nuevo Fiscal General, uno que, gracias a Santos, no arrastraba vínculo alguno con el expresidente Uribe.

En efecto, un mes después del cambio de terna (Diciembre de 2010) la Corte Suprema eligió a Viviane Morales[27], uno de los tres nominados por Santos, como nueva Fiscal General de la Nación. Ahora bien, Morales estaba casada con el señor Carlos Alonso Lucio, quien ha sido militante o aliado cercano del M – 19, de carteles de droga y de grupos paramilitares[28], los mismos grupos contra los que la administración del Presidente Uribe había luchado implacablemente en el marco de la política de Seguridad Democrática. La misma Morales ha sido señalada de asesoramiento a grupos paramilitares debido a la relación cercana de su esposo con dichas estructuras ilegales[29].

Como era de esperarse, en 2011 la Fiscal General Morales desató una atroz campaña de persecución judicial contra los integrantes del gabinete y altos funcionarios de la administración del Presidente Uribe, así como contra varios miembros de su familia[30]. Desde luego, en el caso de los altos funcionarios de Uribe a ser juzgados en única instancia por la Corte Suprema de Justica, el camino de Morales estaba completamente despejado debido a la politización y al odio de muchos de sus Magistrados en contra del ex Presidente y su gobierno.

[24] Nichols. La crisis política en Colombia. 17 de noviembre de 2009. Cable de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá a DOS. https://wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA3405_a.html.
[25] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/presidente-santos-no-cambiara-terna-fiscal-articulo-225603
[26] http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-233085-eleccion-de-fiscal-corte-tiene-ahora-palabra
[27] http://www.semana.com/nacion/articulo/vivianne-morales-hoyos-nueva-fiscal-general-nacion/125325-3
[28] http://caracol.com.co/radio/2000/07/19/nacional/0963986400_094098.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11157485
http://www.semana.com/nacion/articulo/diario-chupeta-salpica-politicos-militares-retirados/260579-3
[29] Anexo C
[30] Aunque esta parte del documento todavía no se centra en la persecución en contra de Andrés F. Arias, existe un detalle que vale la pena mencionar en este punto, como quiera que ayuda a explicar desde ya la sevicia y el odio especial de la Sra. Morales en contra del ex Ministro. En 1998 su actual marido, el Sr. Lucio, fue sentenciado a dos años y medio de prisión por fraude, gracias a una investigación que llevó a cabo el entonces Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Aníbal Gómez Gallego. El señor Gómez Gallego ya había investigado a la Sra. Morales en 1996  (cuando ella fungía como Representante a la Cámara), por haber prevaricado en la absolución congresional del ex Presidente Ernesto Samper Pizano, en ese momento acusado de ser partícipe de la entrada de dineros del Cartel de Cali a su campaña (investigación que la entonces Congresista Morales obstruyó acudiendo a una Acción de Tutela). Pues bien, resulta que el ex Magistrado Gómez Gallego fue también el apoderado de Andrés F. Arias durante toda la persecución jujdicial en su contra.

En febrero de 2012 el Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de la Fiscal General Vivian Morales[31]. Básicamente, esta corte dictaminó que la Corte Suprema había actuado ilegalmente cuando decidió cambiar su propia norma a fin de garantizar suficientes votos de Magistrados y que Morales pudiera ser elegida rápidamente como Fiscal General de la Nación.

Con la salida de Morales, Santos nominó inmediatamente a Eduardo Montealegre Lynett dentro de una nueva terna para el cargo de Fiscal General de la Nación. Montealegre fue elegido velozmente como Fiscal General y, desafiando el requisito constitucional de permanecer neutral, se alineó públicamente con la agenda política de la administración de Santos. Así las cosas, el nuevo Fiscal General y la Corte Suprema continuaron con la ilegal tarea de enjuiciar, condenar y encarcelar a diversos integrantes del gabinete o miembros de la familia del ex Presidente Uribe. Todo con base en presunciones y falsos testigos y en medio de una flagrante falta de imparcialidad para procesar y juzgar[32].

Entre aquellos que han sido sujeto de investigaciones, detenciones arbitrarias y/o imputaciones motivadas políticamente están: miembros de la familia de Uribe como Santiago Uribe, Tomás Uribe y Jerónimo Uribe; el ex Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo; la ex Directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado; el ex Embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos; el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos; los ex Secretarios Generales de Presidencia, Alberto Velásquez y Bernardo Moreno; el ex Ministro de Salud, Diego Palacio; el ex Ministro de Hacienda y candidato presidencial en 2014, Oscar Iván Zuluaga, así como su hijo y gerente de campaña David Zuluaga; el ex Ministro de Agricultura y candidato presidencial en 2010, Andrés Felipe Arias[33].

La politización de la Corte Suprema contra los altos funcionarios de Uribe quedó en evidencia cuando, algunos años después (en 2015), los medios de comunicación revelaron un comprometedor audio de una discusión confidencial en 2008 entre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el audio varios magistrados argumentan claramente que, en los casos relacionados con el gabinete del Presidente Uribe y sus altos funcionarios, la Corte Suprema tendría que tomar decisiones sin desacuerdos y con base en la conveniencia política[34].

Todo el cúmulo de politización y corrupción en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General Nación, evidenciado de forma tan nítida cuando se trató de encausar y encarcelar a personas (funcionarios y familiares) cercanas a Uribe, terminó contribuyendo significativamente a que se desplomara a mínimos históricos la confianza pública en la justicia colombiana[35]. Esto se agravaría posteriormente (2017) al destaparse un monumental entramado de corrupción extorsiva denominado Cartel de la Toga, el cual venía operando al interior de la propia Corte Suprema de Justicia por la misma época en que los altos funcionarios de Uribe también estaban siendo enjuiciados y condenados. Ello, por supuesto, terminaría de minar cualquier vestigio de legitimidad que hubiere podido existir en dichos enjuiciamientos. La forma en que semejante entramado de corrupción judicial afectó el caso particular de Andres F. Arias se detallará en el Capítulo 4.